Régimen Ortega  expropió los bienes de los 222 expulsados políticos 

  Cuatro meses después de su deportación, los opositores fueron notificados de la "inmovilización y confiscación a favor del estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles" registrados en registros públicos.

  El gobierno de Nicaragua ordenó el decomiso de "todas las propiedades" de 222 opositores políticos liberados y deportados a Estados Unidos el 9 de febrero, con base en un fallo de la Sala Penal 1 de la Corte de Apelaciones publicado en Managua el viernes.

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  El fallo está fechado el 19 de mayo, pero se hizo público ese día, cuatro meses después de la liberación y expulsión forzosa de 222 "presos políticos", entre ellos siete excandidatos presidenciales, abogados, exguerrilleros sandinistas, activistas de derechos humanos y periodistas críticos con  gobierno de Daniel.  Ortega.

  Según el texto judicial, los ex presos fueron declarados "traidores a la patria", despojados de su ciudadanía nicaragüense y deportados tras ser condenados por "cometer actos de atentar contra la independencia, soberanía, autodeterminación de los pueblos" y por "incitación  a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica".

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  La sentencia ordena “la inmovilización y confiscación a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos” en registros públicos “como persona física o moral”.

  Además de sus bienes, se confiscarán "todas las acciones y sociedades mercantiles" de que sean titulares "para que rindan cuentas por los delitos cometidos y con el fin de garantizar la paz pública, la independencia, la soberanía (y) la autodeterminación del Estado de  Nicaragua”, se lee en el mensaje oficial.

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  En febrero, luego de la expulsión de los liberados, el gobierno ordenó la confiscación de bienes de 94 opositores más, la gran mayoría exiliados, como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y los exguerrilleros sandinistas Mónica Baltodano y Luis  Carrión, quienes también fueron desposeídos.  su ciudadanía y sus pensiones de vejez.

  La excarcelada opositora Tamara Dávila, una de las víctimas del decomiso de bienes, dijo a la agencia de noticias AP que la medida era "completamente ilegal desde cualquier punto de vista".  Agregó que "políticamente, esto es solo un modelo de un régimen que está en declive, que debe recurrir al robo descarado para demostrar su fuerza".

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  Por su parte, el líder estudiantil Lester Alemán, también liberado en febrero, denunció el hecho a través de Twitter y llamó "loco" a Ortega.

  Nicaragua atraviesa una gran crisis política y social desde abril de 2018, cuando la policía y los paramilitares reprimieron violentamente las protestas civiles, lo que provocó la muerte de 355 civiles, más de 2000 heridos y la expulsión de al menos 100 000 personas.